La seguridad pública en México: la perspectiva de un simple ciudadano

No soy especialista en seguridad pública. No he dirigido una corporación policial ni pretendo tener una solución sencilla para uno de los problemas más complejos que enfrenta nuestro país. Escribo, simplemente, desde la perspectiva de un ciudadano que observa desde hace años cómo México destina enormes recursos humanos, materiales y presupuestales al combate a la delincuencia y, sin embargo, en demasiadas regiones la población continúa viviendo bajo el dominio cotidiano del miedo.

Quizá por eso vale la pena comenzar con una pregunta elemental: ¿estamos utilizando nuestros recursos de seguridad de la manera más eficaz posible?

Durante décadas, buena parte del crimen organizado mexicano estuvo asociado fundamentalmente con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El control de rutas, fronteras, puertos y corredores carreteros era indispensable para ese negocio.

Eso cambió.

Sin abandonar el narcotráfico, muchas organizaciones criminales comenzaron a diversificar sus actividades y, con ello, también cambió su relación con el territorio. Aparecieron o se multiplicaron la extorsión, el cobro de derecho de piso, el narcomenudeo, el robo de mercancías, la intervención en mercados legales e ilegales y el control de determinadas actividades económicas.

El delincuente dejó de necesitar solamente una ruta. Comenzó a necesitar territorio.

Y para controlar territorio necesita algo todavía más preocupante: capacidad para intimidar a la sociedad y, en algunos casos, penetrar, corromper o condicionar a las instituciones encargadas precisamente de combatirlo.

Ahí, me parece, está una de las claves para entender el problema contemporáneo de la seguridad en México.

Tenemos policías municipales, estatales, fiscalías, Guardia Nacional, Ejército y Marina distribuidos a lo largo de un territorio gigantesco. Pero la capacidad del Estado, por grande que sea, no es infinita.

Cuando una fuerza limitada se dispersa para atender simultáneamente cientos de puntos de conflicto, puede ocurrir una paradoja: el Estado está presente en todas partes, pero no necesariamente controla plenamente ninguna.

¿Qué pasaría si modificáramos esa lógica?

En lugar de pretender recuperar simultáneamente todo el territorio nacional, podríamos pensar en una estrategia de recuperación y consolidación territorial sucesiva.

No hablo de abandonar regiones ni de dejar desprotegidos a sus habitantes. Mucho menos de suspender derechos o sustituir el Estado de derecho por operaciones indiscriminadas.

Hablo de identificar las regiones con mayor grado de penetración criminal y concentrar temporalmente en ellas una capacidad extraordinaria del Estado hasta recuperar condiciones sostenibles de legalidad.

Primero una región. Después otra. Y luego otra.

Pero con una condición fundamental: no retirarse después del operativo.

La experiencia internacional ofrece elementos interesantes. Colombia desarrolló políticas de consolidación territorial que buscaron combinar seguridad con presencia institucional y desarrollo en zonas particularmente afectadas por organizaciones armadas. Italia ha construido instrumentos para enfrentar no solamente a las organizaciones mafiosas, sino su penetración en las instituciones locales, incluyendo mecanismos legales para intervenir gobiernos municipales cuando existen elementos concretos de infiltración criminal.

No se trata de copiar modelos extranjeros. México tiene características territoriales, constitucionales, sociales y criminales propias. Pero sí podemos aprender de una idea común: recuperar un territorio no significa solamente detener delincuentes. Significa recuperar el Estado.

Imaginemos, por ejemplo, una región integrada por varios municipios con altos niveles de extorsión, homicidio, desapariciones y penetración criminal.

Antes de intervenir tendría que realizarse un trabajo profundo de inteligencia: identificar estructuras criminales, fuentes de financiamiento, empresas utilizadas para lavar recursos, redes de protección, autoridades involucradas y mercados sometidos a extorsión.

Después vendría una concentración suficiente de capacidades federales y estatales para recuperar el control territorial.

Pero allí apenas comenzaría el trabajo.

Simultáneamente tendría que producirse una recuperación institucional: revisar policías y fiscalías locales, fortalecer ministerios públicos, investigar redes de corrupción, proteger denunciantes y comerciantes, perseguir estructuras financieras y garantizar que quien deje de pagar una extorsión tenga la certeza de que el Estado permanecerá para protegerlo.

Porque si las fuerzas llegan, detienen delincuentes, permanecen algunas semanas y posteriormente se retiran, el vacío volverá a ocuparse.

Incluso por otra organización criminal.

Por eso una estrategia territorial debería tener por lo menos tres etapas diferenciadas:

recuperar, consolidar y permanecer.

Y debería existir una cuarta: evaluar.

No declarar recuperado un territorio porque fueron detenidas cien personas o aseguradas armas y drogas. Evaluarlo por lo que realmente le importa al ciudadano.

¿Disminuyó la extorsión? ¿Los comerciantes dejaron de pagar derecho de piso? ¿Puede un productor transportar su mercancía sin pedir permiso a una organización criminal? ¿Puede una familia circular por una carretera por la noche? ¿Funciona nuevamente la policía municipal? ¿Se investigan los delitos? ¿Regresaron negocios e inversiones? ¿La autoridad municipal toma decisiones sin autorización de poderes fácticos?

Esos deberían ser algunos de los indicadores de un verdadero Índice de Consolidación Territorial.

Y solamente cuando una región alcance niveles suficientes de institucionalidad y seguridad, una parte de esa capacidad extraordinaria podría desplazarse hacia la siguiente zona, manteniendo en la primera la fuerza necesaria para impedir que las organizaciones criminales regresen.

Existe, además, un asunto del que México necesita hablar con mayor claridad: la penetración del crimen organizado en el poder público.

Cuando una organización criminal consigue influir sobre policías, funcionarios, autoridades municipales o estructuras políticas, el problema deja de ser exclusivamente delincuencial.

Se convierte en un problema de Estado.

Italia entendió hace décadas que combatir a la mafia implicaba también proteger a las instituciones de la mafia. México necesita profundizar esa discusión dentro de nuestro propio orden constitucional.

No podemos pedirle a un policía federal que recupere un municipio mientras otro servidor público proporciona información a quienes están siendo perseguidos.

Ni podemos pretender combatir la extorsión mientras las estructuras financieras que reciben y lavan esos recursos continúan funcionando.

La seguridad pública del siglo XXI requiere entonces mucho más que patrullas y armas. Requiere inteligencia financiera, fiscalías capaces, policías profesionales, tecnología, investigación patrimonial, protección de víctimas y, fundamentalmente, instituciones locales que no estén sometidas al poder criminal.

Quizá hemos concebido durante demasiado tiempo la seguridad como una guerra contra delincuentes.

Yo comenzaría a verla de otra manera.

Como una disputa por el territorio, las instituciones y la autoridad del Estado.

México enfrenta organizaciones que en determinados lugares ya no se conforman con delinquir. Cobran, regulan, castigan, autorizan actividades económicas y condicionan decisiones públicas. Es decir, pretenden ejercer funciones que solamente corresponden al Estado.

Frente a ello, dispersar indefinidamente nuestras capacidades quizá no sea suficiente.

Tal vez haya llegado el momento de concentrarlas.

Recuperar una región. Consolidarla. Permanecer. Medir resultados. Avanzar hacia la siguiente.

No tengo la pretensión de haber encontrado desde estas líneas la solución a la inseguridad nacional. Soy simplemente un ciudadano formulando una pregunta.

Pero a veces las preguntas sencillas permiten discutir problemas que hemos terminado aceptando como inevitables:

si no tenemos fuerza suficiente para recuperar todo México al mismo tiempo, ¿por qué no comenzamos por recuperar plenamente una parte y, desde ahí, avanzar territorio por territorio?

Porque el objetivo final no debería ser demostrar que el Estado puede entrar a cualquier lugar del país.

El verdadero objetivo debería ser demostrar que, cuando entra, ya no tiene que volver a irse.

Por: Edgar Bravo Avellaneda

*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan necesariamente la postura editorial de este medio de comunicación.